La defensa del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió nuevamente desestimar el cargo de conspiración para cometer torturas, argumentando fallos procesales de la Fiscalía de Estados Unidos. Al igual que su esposa Cilia Flores, insistió en su inmunidad soberana como ex mandatario venezolano. Los letrados presentaron un documento ante la jueza Analisa Torres, quien recientemente asumió el caso tras la muerte del juez Alvin Hellerstein.
La defensa sostiene que el cargo de conspiración para cometer torturas debe tramitarse en el Tribunal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, donde ambos se encuentran detenidos desde enero. Sin embargo, desde su captura en Caracas en ese mes, Maduro y Flores han comparecido en el Tribunal del Distrito Sur en Manhattan, lo que constituiría un error procesal según sus abogados.
Hace un mes, la Fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación formal sustitutiva que endurece significativamente los cargos contra ambos. Además del cargo de conspiración para cometer torturas, la acusación amplía la imputación de conspiración para cometer narcoterrorismo específicamente hacia Flores, quien fuera primera dama de Venezuela.
Para respaldar sus acusaciones, la Fiscalía presentó nueve casos de personas que, según sostiene, fueron víctimas del gobierno de Maduro. Estos casos documentan la supuesta estrategia sistemática de represión y torturas que el ex presidente habría empleado para mantenerse en el poder durante su administración.
Los abogados defensores denuncian que en las últimas comparecencias, la Fiscalía realizó nuevos arrestos formales contra Maduro y Flores en Manhattan, pese a que ya estaban bajo custodia en Brooklyn. Según la defensa, esta maniobra persigue fabricar una base legal que justifique juzgar los nuevos cargos en el Tribunal del Distrito Sur.
A juicio de la defensa, estos arrestos posteriores no pueden servir para justificar la competencia del Tribunal del Distrito Sur ni para validar los procedimientos legales que la Fiscalía ha ejecutado. Esta objeción forma parte de la estrategia más amplia para desestimar los cargos mediante argumentos de incompetencia jurisdiccional y violaciones procesales.
Fuente: Efecto Cocuyo — Ver nota original
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